| Concha Rubio :: 18/07/2008 :: 08:34 h. De los 19 registros practicados este martes en el macroproceso por evasión fiscal denominado Jade-Limusina, tanto la firma de abogados, los asesores financieros y fiscales como la investigada como Merchbanc, en la que se han realizado registros en su sede de Barcelona, o la entidad Vontobel que gestiona, estaban obligadas por ley a informar a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. (Ver gráfico de los sujetos obligados)
Un ley que dispone “determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, las obligaciones, actuaciones y procedimientos dirigidos a prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica para el blanqueo de capitales procedentes de cualquier tipo de participación delictiva en la comisión de un delito castigado con pena de prisión superior a tres años”.
En pasado año el Sepblac recibió un total de 2.220 comunicaciones de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales por parte de los sujetos obligados en el régimen general (entre los que figuran bancos, cajas, firmas de capital riesgo, agencias de valores…). Un total de 302 comunicaciones sospechosas se recibieron por parte de l notarios, abogados, auditores, casinos, promotoras inmobiliarias, joyerías… (sujetos obligados en el régimen especial). En total junto con otras el Sepblac recibió el pasado año 2.783 comunicaciones de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, un 23,63% más de las registradas en 2006.
Qué hace el Sepblac con esta información, sería la pregunta de cualquiera. El servicio ejecutivo del Sepblac derivó los informes de las operaciones sospechosas en su mayoría al cuerpo de policía (un total de 1.300 operaciones), a la Agencia Tributaria (762 comunicaciones); Guardia Civil (652); Aduanas (177 comunicaciones) a la Fiscalía Anticorrupción (185 comunicaciones) a la Audiencia Nacional llegaron 16 comunicaciones; Juzgados de Instrucción (14 informes); Dirección General del Tesoro y política financiera (23 informes) y cuatro al Banco de España, entre otros.
| LAS OPERACIONES
SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE CAPITALES |
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Una ley muy amplia
La Ley 19/1993 de medidas de prevención de blanqueo de capitales se dirige no solo a las personas y entidades que integran el sistema financiero sino también a otras actividades susceptibles de ser utilizada para el blanqueo de capitales. Establece la obligación de comunicar las operaciones que muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de la actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que en su examen no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la realización de las operaciones.
Por blanqueo de capitales se entiende “la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que procedan de alguna de las actividades delictivas o de participación en las mismas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado”.
Junto a los sujetos del régimen general obligados a informar los incluidos en el especial, como notarios, abogados, asesores fiscales, auditores, contables están sujetos a la obligación de informar cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de transacciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales; la gestión de fondos, valores u otros activos; la apertura o gestión de cuentas bancarias, de ahorro, valores; la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento, o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fiducias (trusts) sociedades o estructuras análogas. Pero están exentos cuando la información se conozca dentro del procedimiento de defensa de un cliente.
La operación JadeLimusina, que ha desarrollado la Fiscalía Anticorrupción en colaboración con la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, ha supuesto la investigación del patrimonio de más de doscientas personas y empresas. La cifra de investigados supone una de las mayores operaciones por delito fiscal. Las más de doscientas personas investigadas estarían vinculadas a unos 80 depósitos realizados en Liechtenstein y que no se habrían declarado al fisco español. La investigación también se dirige a las entidades que presumiblemente habrían proporcionado estructura fiduciarias.
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