| Concha Rubio :: 13/03/2007 :: 19:13 h.  El juicio de El Corte Inglés, en el que a petición de un accionistas minoritario se ha dirimido quién tiene que valorar la compañía para fijar el precio de la acción, ha quedado visto para sentencia en el Juzgado de lo Mercantil número tres de Madrid. En la fase de conclusiones, las partes han dejado claro que se encuentran muy distanciadas, no sólo en la valoración del grupo sino también en la forma de interpretar los estatutos de la compañía.
Los abogados del demandante César Areces Fuentes -el bufete Jiménez de Parga- indicaron en la fase de conclusiones que El Corte Inglés “persiste en llevar más allá de lo admisible lo que es una sociedad anónima cerrada y que ha cometido perjuicio a mi clientes al arrogarse el planteamiento comprador de quien decide el precio”. En este sentido la abogada defensora de Areces Fuentes indicó que “no se puede tener al socio cautivo de sus acciones al tener sólo la posibilidad de o vender a El Corte Inglés -con la expoliación de dos tercios del valor real de la acción- o quedarse como accionista.
La familia Areces Fuentes encargó una valoración a dos profesores del IESE que cifraron el valor de las acciones de la compañía de distribución en 196,6 euros por cada acción de seis euros, frente a la valoración de 74,4 euros por acción que fijó el catedrático de la Universidad Autónoma, Leandro Cañibano. En este sentido la abogada de Areces Fuentes indicó que la compañía ofrecía 35 millones de euros a su clientes frente a los 98 que ellos reclamaban como valor de las acciones.
Mientras los abogados de El Corte Inglés cuestionaron que el demandante pidiera un trato de favor y “que sus acciones fueran consideradas de libre transmisibilidad pero sólo una vez”. El abogado del bufete Hermosilla indicó en la fase de conclusiones que cualquiera que sea el valor que estime el auditor sobre El Corte Inglés “es algo que no se tiene que dirimir en este procedimiento”.
Además indicó que, según la parte demandante, El Corte Inglés incumpliría sistemáticamente el artículo 17 de sus estatutos, porque debería ser la junta de accionistas quien decida si las acciones en manos de los directivos que dejan la compañía por diversos motivos las recompra El Corte Inglés o se ponen a disposición de los socios.
Durante la jornada del martes uno de los testigos, que hasta el 1 de agosto trabajaba en Deloitte, y que ha sido auditor de cuentas de El Corte Inglés durante un periodo de siete años y que en la actualidad asesora a la empresa de distribución en la implantación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), señaló que El Corte Inglés solicitó a Deloitte en dos cartas diferentes el valor teórico contable por un lado y por otro el valor real de la compañía. Indicó que sí se certificó el valor teórico contable, para lo que “no se emplea más de tres horas”, y precisó que ésta no es una valoración de la compañía sino una certificación. Sin embargo indicó que Deloitte desestimó realizar una valoración real debido a que era auditora de El Corte Inglés y podría entrar en conflictos de intereses, según la Ley Financiera.
Por su parte, el actual auditor de El Corte Inglés, Juan José Roque, afirmó conocer exclusivamente el precio teórico contable de los títulos, y resaltó "la singularidad" de esta empresa familiar, que no cotiza en bolsa, carece de deuda financiera y reparte dividendos mínimos, ya que los excedentes se destinan a inversiones para levantar sus propios inmuebles.
Son cerca de 10.000 millones de euros la diferencia que separa la valoración en la que se apoya el grupo El Corte Inglés de la que defienden los cuatros hermanos Areces Fuentes. Durante el inicio de la vista oral en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, la rama disidente ha expuesto su versión sobre el inicio de las conversaciones para la venta que uno de los hermanos en concreto, César Carlos Areces, había realizado con el presidente del grupo Isidoro Álvarez.
Los cuatro hermanos Areces -que controlan el 2,8% del capital- han dejado constancia durante su comparecencia de que en la compañía internamente se diferencia entre dos tipos de acciones, las que se conceden a los directivos y las que se encuentran en propiedad de familias herederas. En la demanda que ha presentado del juzgado Carlos Areces Fuentes se pide a la titular del mismo tres opciones: o bien que se permita la libre transmisión a terceros de las acciones de El Corte Inglés, que la compañía que preside Isidoro Álvarez recompre las acciones de César Carlos Areces al precio que refleja el informe realizado por los profesores del IESE, Fernández y Campa, (196,4 euros cada acción), o que el Registro Mercantil nombre uno auditor independiente para que realice la valoración de la compañía.
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